martes, 14 de julio de 2009

El GOBIERNO DE URIBE no cesa de señalar, judicializar y asesinar a líderes y dirigentes indígenas de CALDAS

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS

CRIDEC

Unidad – Territorio – Cultura y Autonomía

Nit. 810.003.365-5


Carrera 8ª No. 8 – 10 / Telefax 8553259 – 3124548788 Riosucio Caldas / E-mail:cridecmarmato@yahoo.es

DENUNCIA PÚBLICA

EL PUEBLO EMBERA CHAMÍ PERTENECIENTE A LOS RESGUARDOS Y ASENTAMIENTOS INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPÍA CALDAS COLOMBIA, ORGNIZADOS EN EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS “CRIDEC” DENUNCIA ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES AMIGAS QUE:


Los ataques y persecuciones de carácter político, jurídico y social que históricamente han venido sufriendo nuestras organizaciones, se intensifican cada día más con la política de Seguridad Democrática promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que no cesa en el empeño por señalar, judicializar y asesinar a nuestros líderes y dirigentes a pesar de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el 15 de marzo del año 2002.

La violación de los Derechos Fundamentales que tenemos como pueblo indígena, se ha convertido en una práctica recurrente que desconoce y atenta contra el orden constitucional y legal vigente, hasta el punto de vivir en un “Estado de Hecho” permanente en el que cada vez se desdibujan más la realización efectiva de los derechos humanos y las garantías fundamentales debidamente reconocidas por nuestra Constitución Política.

La desterritorialización y el despojo sistemático de las comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas[1], la persecución contra el movimiento social y popular traducido en asesinatos, desapariciones y judicializaciones de sus principales líderes y dirigentes, forman parte de la estrategia de tierra arrasada que viene ejecutando el actual régimen que amparado en su supuesta lucha contra el terrorismo, se empeña en arrojar al campo de la subversión toda actividad de disenso político y justificar de esta manera la eliminación violenta de los sectores políticos de oposición.

Los asesinatos de líderes y comuneros indígenas, el desplazamiento forzado, los señalamientos y estigmatizaciones a través de panfletos, la militarización constante de nuestros territorios, con el fin de entregar nuestras riquezas naturales como el oro, el carbón y el agua a las empresas transnacionales mineras y energéticas a las cuales el gobierno viene otorgando concesiones en todo el territorio nacional, forman parte de esta gran estrategia que marca y define los derroteros del conflicto social y armado en Colombia; vencer a sangre y fuego las resistencias de las comunidades locales para de este modo feriar a las multinacionales las riquezas naturales que constituyen el patrimonio del pueblo colombiano.

La gran persecución judicial y de criminalización que sufren nuestras organizaciones en la actualidad, no es más que la ofensiva que ha lanzado el gobierno nacional en la presente coyuntura política preelectoral, con el fin de desprestigiar al movimiento indígena de Caldas, y neutralizar así a quienes en Colombia nos oponemos a las políticas de exclusión, marginamiento, militarización y despojo, que son los ejes fundamentales de la política de Seguridad Democrática que implementa de manera autoritaria el señor Uribe Vélez.

En este contexto de violación sistemática de nuestros Derechos Fundamentales, los casos más representativos en los que se evidencian la fuerte persecución política que se ha lanzado por el establecimiento en contra nuestra, son los casos de Félix Antonio Hernández Alcalde[2] y Arney de Jesús Tapasco[3], líderes indígenas que en representación de nuestras comunidades forman parte del Polo Democrático Alternativo, y quienes al día de hoy se encuentran detenidos, acusados de rebelión y condenados en primera instancia.

La judicialización de estos dos dirigentes forma parte del montaje de supuestos hechos delictivos, que instituciones tales como la Fiscalía y órganos de inteligencia como la SIJIN y el DAS[4], han venido haciendo con el fin de involucrar a líderes sociales e indígenas del municipio de Riosucio con el accionar del frente Aurelio Rodríguez de las FARC acusándolos de rebelión.

El trafico de prebendas que estas instituciones judiciales hacen con los reinsertados de estos frentes, a cambio de delaciones y señalamientos en contra de los lideres sociales y las comunidades indígenas de la localidad, se puede evidenciar en casos como el del Capitán de Bomberos de Riosucio, el señor Oscar Fernando Mejía Muñoz persona muy reconocida en el municipio por su gran carisma y liderazgo social, el cual es acusado de rebelión agravada el día 2 de octubre de 2006 por el Fiscal Único Seccional.

Podemos ver como en el sumario del señor Mejía abundan las irregularidades, que van desde el montaje de falsos testimonios de reinsertados, testigos intimidados o pagados, hasta la dilación injustificada del proceso por el cual han pasado hasta 15 fiscales, dos de los cuales fueron relevados de su cargo por mostrarse favorables a la preclusión del proceso, que aún se encuentra en trámite a pesar de las innumerables pruebas con las que cuenta el Capitán Mejía a su favor y que desvirtúan los señalamientos y acusaciones que se le endilgan.

La relación existente entre el caso del señor Mejía con el de nuestros dos líderes indígenas, consiste precisamente en que son los mismos patrulleros de la SIJIN Edison Rodríguez Obando y Jorge Humberto Rodríguez Vélez, los que aparecen en ambos casos instruyendo los testimonios en contra de los acusados, y recaudando todas las pruebas que la fiscalía utiliza para su acusación. Así mismo se traen al proceso casi los mismos reinsertados, como los testimonios de Edison David González alias Melquíades y Jhon Fredy Asprilla alias el Flaco, con el objetivo de demostrar la relación de los acusados con el frente insurgente.

Llama la atención el continúo aplazamiento del juicio del capitán Mejía, el cual tiene suficiente acervo probatorio a su favor como para que se insista en continuar su curso. Este proceso se convierte en la columna vertebral de posibles acusaciones, por lo que no es difícil deducir que si se demuestran todas las irregularidades que han ocurrido en este sumario, especialmente la actuación del patrullero de la Sijin Jorge Humberto Rodríguez Vélez, quien de forma activa interviene en estos dos juicios mediante la manipulación de pruebas y montaje de falsos testimonios, sería casi imposible sustentar otra acusación en la cual intervienen los mismos investigadores y reinsertados.

En el juicio por rebelión que contra nuestros dos compañeros, concluyó en primera instancia con sentencia condenatoria el día 8 de junio del año en curso, se pudo constatar la fuerte influencia que tuvo la presión política que ejercieron los sectores pertenecientes al partido uribista del municipio de Riosucio, en el fallo condenatorio proferido por el juez penal de primera instancia contra los dos líderes indígenas. La débil y confusa actuación del ente acusatorio al momento de los interrogatorios, los pocos medios de prueba que lograron ser validados dentro del proceso, así como también la versión falsa y acomodada del testigo Luis Alonso Castañeda antiguo Cabildante del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta quien rindió testimonio abiertamente contradictorio, no constituían pruebas suficientes y plenas para proferir un fallo condenatorio.

Finalmente, vemos con gran preocupación la condena que se profirió en contra de nuestros dos compañeros fundamentada en tan débiles pruebas y nutrida de fuertes motivaciones políticas, lo que da pábulo para continuar con las persecuciones y señalamientos, sustentados en las versiones de reinsertados que a cambio de beneficios económicos y legales que el gobierno generosamente les otorga, se prestan de paladines para acusar y deslegitimar el ejercicio de la autonomía y la partición política de los pueblos indígenas y los líderes sociales que no comparten los lineamientos del régimen.

La ofensiva de acusaciones continúa; el día 20 de mayo del presente año fueron detenidos Wiliam Calvo y Conrado Rotavista, comuneros indígenas del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y Laurencio Antonio Gañan Bueno cabildante de la comunidad de Bermejal del resguardo de San Lorenzo (municipio de Riosucio), acusados igualmente de rebelión y de estar involucrados con el frente Aurelio Rodríguez de las FARC por el mismo fiscal y los patrulleros de la SIJIN que actuaron en los casos de Felix Antonio y Arney Antonio.

Ante estos graves hechos, denunciamos las amenazas de más judicializaciones y capturas que se ciernen en contra de nuestras autoridades tradicionales y comuneros, persecución que es profundamente lesiva a nuestras organizaciones indígenas, ya que esta estigmatización se propone obstaculizar el avance que ha logrado nuestro proceso político-organizativo como movimiento indígena en el departamento de Caldas.

Igualmente hacemos un llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONGS y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del Pueblo Embera Chamí de Caldas.

Manifestamos que seguiremos luchando por la defensa de nuestros territorios ancestrales, la dignidad de nuestro pueblo y la libertad de nuestros detenidos políticos.


CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS (CRIDEC)


[1] 1993-2005 Durante este período fueron asesinadas y/o desaparecieron en el país 3,9 millones de personas; 6,3 veces más de lo que las cifras oficiales registran de homicidios. Para el año 2005, las proyecciones demográficas (DNP y DANE) estimaban el número de habitantes de Colombia en 46 millones de habitantes; el último Censo Nacional de Población contabilizó tan sólo 42,1 millones de personas… a este fenómeno se une el despojo y destierro de cerca de 3,8 millones de personas. Las principales victimas son población pobre y rural. En 1985 la población rural representaba el 35% del total nacional, en 1993 el 31,3% y en 2005 tan sólo 25%. La concentración de la tierra va de la mano de este violento proceso: en 1984 las fincas con más de 500 ha. Correspondían al 0.5% de los propietarios y controlaban el 32.7% de la superficie agraria productiva; ahora, las fincas con más de 500 ha. Corresponden al 0.4% de los propietarios y controlan el 61.2 % de la superficie”. Sarmiento Anzola, L.,Libreros Caicedo, D. (2007). Guerra, estrategia de acumulación capitalista en Colombia, Revista CEPA, 4, 17-30, p. 17.

[2] Dirigente indígena de la comunidad de Panesso (resguardo de Cañamomo-Lomaprieta). Ha sido cabildante de su comunidad por un período aproximado de 5 años; dentro de su trabajo organizativo se ha desempaeñado como coordinador de la Guardia Indígena y del programa de Vivienda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de su resguardo, candidato a la asamblea departamental en la cual se desempeño como diputado por el período de un año, se desempeñaba como presidente del Polo Democrático Alternativo en el municipio de Riosucio Caldas al momento de su detención.

[3] Dirigente indígena de la comunidad de San Pablo perteneciente al resguardo de Cañamomo-Lomaprieta. Ha sido cabildante de su comunidad y gobernador suplente del mismo resguardo; presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas ACICAL; presidente de la junta directiva del Centro de Capacitación Indígena Ingrumá – CCII; coordinador del área de Etnosalud de su resguardo; candidato a la alcaldía de Supía en los años 2003 y 2007 avalado por el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO y por el Polo Democrático Alternativo.

[4] Es de público conocimiento, los escándalos que rodean a este organismo de investigación, desde la acusación contra su antiguo director Jorge Noguera por vínculos con el paramilitarismo, hasta las últimas acusaciones por el tema de las chuzadas ilegales de líneas telefónicas, que ocasionó varias destituciones de director y funcionarios, incluso se ha planteado la posibilidad de cerrar este organismo.

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