UNA LUCHADORA SINDICAL DEL SECTOR SANITARIO EN COLOMBIA REFUGIADA EN CANARIAS NECESITA DE NUESTRO APOYO.

La compañera E. M. está REFUGIADA EN CANARIAS, tuvo que salir de Colombia por las amenazas del paramilitarismo a consecuencia de su actividad sindical en ANTHOC (asociación con 127 compañer@s asesinados). El 24 de diciembre de 2007 a las 16 horas su hija mayor y su nieta (menor de edad), sufrieron un atentado en su propia casa.

Desde el MOC-Tenerife nos informan de que el día 24 de diciembre 2007 sufrieron un atentado en una ciudad del norte de Colombia, la hija mayor y nieta de E.M.; siendo disparadas con balas de gran calibre en su propia vivienda, a las 16h. Las amenazas que venían sufriendo sus familiares han dado paso al crimen. Dos personas en moto realizaron los disparos, por suerte ni su hija ni nieta fueron heridas, a pesar de que los proyectiles impactaron en la sala donde se encontraban. Hoy estan realizando la denuncia ante la fiscalia, y ante su sindicato ANTHOC - CUT. Dos ONG,s han iniciado las gestiones para poder lograr su protección.

Estimad@s compañer@s, la situación vital de nuestra compañera: E.M., profesional con más de veinte años de dedicación a la actividad sanitaria, es muy extrema. Refugiada política en España a traves de CEAR, como consecuencia de las amenazas permanentes de los paramilitares colombianos, a raiz de su compromiso sindical en la lucha contra las privatizaciones de los centros hospitalarios (beneficiandose de ello la transnacional española SANITAS, entre otras). Durante 10 años ha recibido constantes amenazas. 127 de sus compañeros del sindicato ANTHOC, fueron asesinados.

Su ánimo está sometido a la doble presión de migrante y perseguida política, ya que sus hijas y niet@s dependen de ella; en reiteradas ocasiones desea volver a Colombia antes que seguir sujeta a la presión de la separación de sus seres queridos, y al desolado y humillante panorama laboral y emocional que sufre cualquier persona no rica en territorio europeo. Nuestra insistencia hacia ella, de la que les hacemos partícipes es intentar que sus hijas y niet@s vengan con ella. Más ahora que todas son sujetas de crímenes. Al operar tantas empresas españolas (REPSOL, TELEFONICA, SANITAS, ...) y Canarias (FRONPECA, ...) en territorio colombiano, beneficiándose de la casi inexistente libertad sindical por la persecución que ejerce el Estado, tanto con sus fuerzas regulares como irregulares (paramilitares), contra las personas que ejercen actividad sindical, traduciéndose esto en salarios bajos y grandes beneficios empresariales, y siendo fruto esta presencia empresarial española y canaria de las buenas relaciones que mantienen los gobiernos de España, Canarias y Colombia, sin duda, desde nuestra perspectiva las mencionadas instituciones son corresponsables en la solución de esta dramática situación.

A continuación publicamos un artículo de la propia E. M., donde relata el proceso de privatización de la sanidad pública en Colombia y la fuerte represión desatada sobre los sindicatos del sector que se saldó con 127 asesinatos de sindicalistas de ANTHOC.

LA PRIVATIZACION DE LA SALUD PÚBLICA

Por E. M. ANTHOC Atlántico.

SALUD: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. OMS (1947).

El negocio de la salud

Aunque la Constitución Política de 1991 estableció que la salud en Colombia era un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio, dos años más tarde el Congreso de la República con ponencia del senador y actual Presidente Alvaro Uribe Vélez, aprobó la Ley 100 que permitió la reforma y privatización de la Seguridad Social incluyendo la salud pública y los regímenes de pensiones y riesgos profesionales. Trece años después la salud pública se extingue pues fue convertida en un jugoso negocio para beneficio de unos pocos, lejos del alcance para la mayoría de la población que pasó de ser usuaria con derechos a simple cliente si tiene dinero para pagarla. La responsabilidad Social del Estado se delegó así en entidades comercializadoras de la salud controladas por empresarios con ánimo de lucro. Los resultados de las reestructuraciones han sido nefastos para las instituciones hospitalarias. En los últimos cuatro años el gobierno de Uribe ha reestructurado 124 hospitales públicos. Con la excusa de volverlos “competitivos y viables financieramente” ha terminado por liquidarlos y cerrarlos, dejando mas de 15.000 trabajadores/as especializados sin empleo, como sucede con los Hospitales Universitarios de Cartagena y Barranquilla, entre otros. La última decisión del gobierno de Uribe ha sido imponer la liquidación del Instituto de Seguros Sociales (ISS) que atiende en salud a 3 millones de afiliados y paga las mesadas a los pensionados; el gobierno decidió crear una nueva entidad donde el Estado estará asociado con empresas privadas.

Salud pública y “libre comercio”

El gobierno ha escondido a la población información sobre cuáles actividades y sectores van a desaparecer cuando firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y uno de ellos será el de la seguridad social pública en salud, que será asumido por empresas extranjeras con fines de lucro a través de la medicina prepagada; con la salud también se entregarán a los negociantes los llamados servicios de apoyo, como laboratorios, centros de imagenología, nutrición, lavanderías, etc.

El cierre de hospitales públicos también mata

Colombia vive la mayor crisis humanitaria de su historia –una de las peores del mundo- por causa del conflicto armado interno y del modelo económico neoliberal que ha sumido en la pobreza a más del 60% de la población, debilitando el tejido social y violando los derechos humanos. En otras palabras, la situación social del país no se debe únicamente al accionar de militares, paramilitares y guerrillas, sino a la voracidad de las empresas privadas que miran el rendimiento económico y no a las personas. El seguimiento de las consecuencias del cierre del Hospital Universitario de Barranquilla realizado por el sindicato ANTHOC, arroja que hasta el 28 de febrero del 2006 habían muerto solo en la ciudad de Barranquilla 614 personas por falta de atención médica directamente relacionada con el cierre de este hospital. Estas personas entre las que se contaron varios niños/as, no tuvieron el dinero para ser clientes de la salud y vivieron en sus últimos momentos la angustia del “paseo de la muerte” buscando un hospital que las atendiera.

Pero el FMI ha felicitado al gobierno de Álvaro Uribe por cumplir las metas acordadas en el programa de ajuste.

Represión

La respuesta del gobierno a los trabajadores y defensores de la salud pública ha sido la represión, la estigmatización de los/as sindicalistas como “enemigos de la paz y del progreso”. El resultado: los grupos paramilitares se ensañaron contra la dirigencia y los afiliados/as de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Colombia, ANTHOC.CUT, ejecutando amenazas de muerte, desplazamientos, desapariciones forzadas, exilios, encarcelamientos arbitrarios, atentados y asesinatos.

Las cifras de ANTHOC en relación con sus afiliados/as y directivos, constituyen en sí mismas una foto del horror:

Amenazados 688

Desplazados 267

Asesinados 127

Detenidos y judicializados 53

Exiliados 15

Atentados 15

Y más de 800 infracciones graves de los derechos humanos que atentan contra la vida de las personas que trabajan en la Misión Medica. La liquidación de los hospitales públicos ha sido a sangre y fuego. A la fecha hay 15 mil trabajadores/as del sector despedidos; unos pocos son reenganchados mediante contratos basura a través de “cooperativas de trabajo asociado” que son una treta de la administración para evitar que los trabajadores vuelvan a organizarse en sindicatos. Los jefes de los grupos paramilitares y los politiqueros de las regiones que controlan se rapiñan el botín de los recursos públicos destinados a la salud de la población más pobre y profirieron en diciembre pasado nuevas amenazas de muerte contra los sindicalistas de la salud de Barranquilla, tres de los cuales han estado refugiados temporalmente en Asturias.